Una de las principales obsesiones de la moda anti-turista que, desde hace unos años, se ha extendido por España es el supuesto daño que para la sociedad española tiene la existencia de viviendas que sus dueños deciden alquilarlas por días sueltos en uso de su derecho de propiedad y de la libertad de empresa reconocida en la Constitución Española. Vaya por delante que los pisos turísticos han existido desde siempre en España. Hasta hace unos años el portero de la finca o un cartel colgado en una terraza suponía el modo de alquilar una vivienda en un edificio para pasar unos días de vacaciones, ya fuera en la montaña, en el campo o en la playa. Todo cambió con el nacimiento de internet y de páginas web dedicadas a poner en contacto a dueños de estos pisos y a posibles huéspedes a cambio de una pequeña comisión. La principal diferencia entre ambas épocas es que los propietarios de estas viviendas, en la actualidad, pagan impuestos por su actividad mientras que cuando se hacía de palabra la transacción se hacía en negro. Las páginas web de intermediación están obligadas por Hacienda a presentar todos los años el Modelo 179 por el cual informan sobre los ingresos que han obtenido los dueños de los pisos turísticos gracias a su intermediación, así como el registro catastral de cada piso, la identidad del propietario y, en su caso, de la persona que lo explota…
