El colectivo aprovechará la celebración del pleno municipal para recordar a los grupos políticos que su inacción tiene bloqueada la economía doméstica de más de 500 familias compostelanas
Santiago, enero de 2024. La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Galicia (Aviturga) hace un llamamiento tanto a los propietarios de VUTs en Santiago de Compostela como a la ciudadanía en general para respaldar la concentración convocada para el próximo día 29 de enero delante del Concello compostelano con motivo de la celebración de un pleno de la Corporación.
El colectivo de propietarios se reunirá ante el Consistorio de 16 a 17 horas, en previsión de que la sesión se prolongue como es habitual hasta esa franja horaria y con el objetivo de facilitar que la ciudadanía pueda conciliar su jornada laboral con la participación en un acto reivindicativo.
Recordar tanto al gobierno local como a los grupos que están en la oposición la demora que acumulan las ordenanzas municipales que aclararán cuáles, cuántas y cómo podrán trabajar las VUTs en la ciudad es una de las principales causas de la concentración convocada para el día 29, pero no la única.
AVITURGA defiende la irregularidad de un proceso restrictivo en cuanto al alquiler vacacional en Santiago iniciado por la socialista Mercedes Rosón durante el pasado mandato “sin informe alguno que avalara una decisión estrictamente política que impuso al conjunto de la ciudadanía”. Y es precisamente a esos sectores económicos, como la hostelería, los patronos del taxi, el comercio local, etc, en los que repercute directamente el gasto medio que realizan las familias alojadas en las VUTs, a los que AVITURGA se dirige de nuevo para solicitar apoyo social en la defensa de su derecho a alquilar sus viviendas por el periodo de tiempo que mejor consideren.
La concentración del día 29 está enmarcada en una serie de actividades de carácter reivindicativo que el colectivo de propietarios ha puesto en marcha en 2024 para recordar a la Corporación Municipal que su inacción mantiene paralizada la economía doméstica de más de 500 familias santiaguesas, privándoles de unos ingresos que en la mayoría de los casos van destinados a sufragar hipotecas, pagar gastos universitarios de sus hijos o de residencias de los mayores de la familia.
