Palexco reunirá a expertos y representantes institucionales con visiones opuestas sobre el impacto de la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios de alquiler de la vivienda o el de la destinada a uso turístico.
El precio de la vivienda en Galicia sigue avanzando. Según datos del Ine, en el último trimestre del año pasado el precio subió el 3,43% con relación a un año antes y según el Consejo Notarial, el número de operaciones de compraventa en enero se ha disparado más del 17%. En cuando a alquiler, en marzo el precio en el conjunto de la comunidad gallega ha rozado un alza del 11%. Y que es cada vez más difícil el acceso a una vivienda en condiciones y precios asequibles lo ha demostrado la campaña electoral del 18-F, en la que todos los partidos han prometido la promoción de miles de viviendas de promoción pública.
El V Congreso Inmobiliario de Galicia,organizado por Agalin (Asociación Gallega de Inmobiliarias), debatirá sobre la limitación de precios de arrendamiento mediante la declaración de zonas tensionadas; sobre el impacto de la vivienda de uso turístico o sobre la aplicación de inteligencia artificial y las tendencias en construcción los próximos días 18 y 19 en Palexco, A Coruña. Allí se reunirán expertos del sector y representantes institucionales.
De momento, entre las grandes ciudades gallegas, solo la de Santiago y a Coruña ha declarado su intención de limitar el precio del alquiler de vivienda solicitando su declaración como zona tensionada ante una Xunta que no se muestra partidaria de la medida. Desde el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) se argumenta que su aplicación reducirá la oferta de alquiler porque para los propietarios será más atractiva la venta o el arrendamiento de temporada o turístico, o incluso, el alquiler por habitaciones. En su opinión, limitar los precios de alquiler declarando zonas tensionadas desincentivaría la inversión y la oferta de nuevas viviendas.
Bajo esa premisa, el Gobierno gallego no declarará zonas tensionadas de oficio, pero tampoco obstaculizará la petición de los ayuntamientos que así lo soliciten formalmente. De acuerdo con la normativa estatal, la limitación del precio de renta solo se aplicará a viviendas cuyos propietarios tengan cinco o más sin arrendar y a viviendas que lleven al menos cinco años fuera del mercado. Desde el IGVS recuerdan que en Galicia es mínimo el número de propietarios con cinco o más viviendas en la misma zona.
Entre otros agentes, la medida es también cuestionada. Así ocurre con la Unión de Consumidores de Galicia que, aunque señala que da la bienvenida a una medida que intente controlar los precios de alquiler, teme que surta el efecto contrario al deseado: “Creemos -dice su secretario general, Miguel López– que cualquier intervención en el mercado debe basarse en actuaciones puntuales y no generalizadas ya que podría perversamente provocar el efecto contrario al deseado y traer consigo un problema de aumento de precios, de reducción de la oferta o aparición de una economía sumergida. Es por tanto fundamental que una medida de esta naturaleza se plantee con el consenso de todos los agentes y que además venga acompañada de otras medidas dirigidas a mejorar la oferta de vivienda”. López añade, además, que la medida se limitaría a los propietarios de más de cinco viviendas y a su uso como residencia habitual, lo que, dice, ” podría contribuir a agravar el ya gran problema de detracción de oferta residencial y su traslado al mercado turístico”. Por último, advierte de que “las regulaciones sobre precios acaban homogeneizando los precios por la parte alta”.
En contra de la medida también se posiciona Aviturga, la organización que aglutina a las viviendas turísticas de Galicia.Dulcinea Aguín, su presidenta, sostiene que en la comunidad no se dan las condiciones para la declaración de zonas tensionadas. La clave, en su opinión, está en el parque de viviendas cerradas e inutilizadas en Galicia.Afirma que con la puesta en el mercado de solo el 20% se cubriría la demanda actual. “Hay que partir de un diagnóstico real y no de populismos”, reclama Aguín, que asegura que se ha generado una situación de inseguridad jurídica que retrae la oferta de vivienda. “Con la vulnerabilidad del inquilino y subterfugios legales se ha creado una sociedad irresponsable. Los contratos son para cumplir por ambas partes”, señala.
Vivienda de uso turístico
Según sus cálculos, en Galicia existen unas 22.000 viviendas destinadas a uso turístico, la mitad de ellas concentradas en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Sanxenxo es el municipio rey en esta oferta, con 3.200. Aguín calcula que el arrendamiento turístico se ha disparado entre un 20% y 25% desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda hace un año.
El debate está servido, porque la Unión de Consumidores de Galicia “es un enorme problema el aumento exponencial de esta modalidad de alojamiento” que, señala, se produce en las urbes y en el rural. “Es especialmente importante y necesario -subraya Miguel López– que desde las administraciones competentes se actúe de forma decidida. Desde la administración central señalando en la legislación civil, mercantil y tributaria la condición de actividad económica en línea con recientes pronunciamientos de nuestro Tribunal Supremo, y permitiendo un tratamiento homogéneo de este fenómeno por parte de las administraciones autonómicas competentes en materia de turismo, para que, o bien extingan la figura, o bien la limiten, para que realmente se pueda hacer compatible con su naturaleza y los servicios se presten con las mismas condiciones y obligaciones que cualquier otra modalidad de alojamiento. En su ámbito, las administraciones locales, en especial de aquellas ciudades que siguen ignorando el problema, para que reflexionen seriamente sobre el modelo de ciudad que quieren para sus vecinos”.
La Unión de Consumidores mantiene que la solución al problema de la vivienda no estriba en un solo aspecto, sino en una combinación de tres: ” En primer lugar, facilitar que haya suelo para vivienda pública y que la propuesta resulte atractiva para el sector de la promoción, en un contexto en que las revisiones de los planes generales parecen no resultar políticamente rentables. En segundo lugar movilizar el parque de viviendas vacías, considerando éstas la que cumplen rigurosamente condiciones de habitabilidad, ofreciendo seguridad a sus propietarios y favoreciendo actuaciones para su rehabilitación y recuperación cuando no se cumplan aquellas condiciones. En tercer lugar, limitar al máximo el destino turístico de inmuebles que no formen parte de una actividad económica propiamente dicha”.