La mesa redonda organizada por Aviturga en Santiago anima a los propietarios a mantener el pulso judicial al Concello

La presidenta de la asociación, Dulcinea Aguín, sitúa la ordenanza local en un marco ideológico y político, con múltiples incoherencias jurídicas, y muestra su confianza en la equidad de los tribunales

La presidenta de la asociación, Dulcinea Aguín, sitúa la ordenanza local en un marco ideológico y político, con múltiples incoherencias jurídicas, y muestra su confianza en la equidad de los tribunales

La mesa redonda organizada por Aviturga en Santiago para analizar la situación actual de las VUTs en la ciudad concluyó con un mensaje de esperanza para todos los asociados. Queda por delante un recorrido judicial para acreditar el escaso rigor jurídico aplicado por el Concello de Santiago al proceso de prohibición de las VUTs.

 

De la mano de Luis Míguez, catedrático de derecho administrativo de la USC y de María Baleato, concejala popular y funcionaria de carrera  con experiencia en materia jurídica, el debate estuvo moderado por Lisardo Núñez Pardo de Vera, responsable del gabinete jurídico de Aviturga y por Dulcinea Aguín, presidenta de la asociación. Aguín se mostró convencida de que el proceso de eliminación de las VUTs de Santiago obedece exclusivamente a una decisión política iniciada en su momento por Martiño Noriega en la Alcaldía, alentada por Sánchez Bugallo y Mercedes Rosón con posterioridad y rematada ahora por Goretti Sanmartín, alcaldesa que, recordó, solo necesitó unos días para olvidar sus compromisos con los propietarios y plegarse a la estrategia de prohibición.

 

La ausencia de ordenanza que regule los usos preexistentes fue explicada por Aviturga como una estrategia política de Goretti Sanmartín para eludir que la demonización de las VUTs y su prohibición le tuviese coste político alguno. Para ello, fundamentó públicamente sus decisiones en informes jurídicos, cuando en realidad se trata de una decisión política, que sin embargo no quiere asumir como propia por lo que supone de flagrante incumplimiento de sus compromisos previos a asumir el cargo. Los ponentes pusieron de manifiesto la inconsistencia jurídica de los argumentos de la alcaldesa, por lo que Dulcinea Aguín mostró su confianza en la equidad de los tribunales.

 

Por ello Lisardo Núñez animó a los propietarios a continuar adelante en la defensa de sus derechos, alegando de nuevo en cada trámite destinado al efecto, y presentando los recursos administrativos y judiciales que procedan, como única herramienta para mantener este modelo alojativo en Santiago.

 

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