La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (AVITURGA) ha manifestado su profunda preocupación por la inseguridad jurídica que generará la aprobación definitiva de la ordenanza municipal que pretende regular las viviendas de uso turístico en la ciudad herculina. Tanto la asociación como numerosos propietarios afectados han presentado alegaciones durante el período de información pública, que concluyó el pasado viernes.
AVITURGA advierte que la ordenanza contiene graves vicios de nulidad al invadir competencias que no son propias del Consistorio. “El Ayuntamiento se atribuye competencias estatales en materia de propiedad horizontal e intenta innovar en la ordenación de actividades turísticas, cuya regulación corresponde exclusivamente a la Xunta de Galicia”, señalan fuentes de la asociación.
Asimismo, denuncian que la normativa reproduce literalmente párrafos enteros de otras disposiciones de rango superior, vulnerando el principio de jerarquía normativa. Uno de los aspectos más preocupantes para los propietarios es que la nueva regulación ignora por completo los derechos adquiridos de quienes cuentan con registro turístico oficial desde 2017 y cumplen escrupulosamente con todas las normativas vigentes, tanto estatales (Agencia Tributaria y Ministerio del Interior) como autonómicas.
El texto municipal, lejos de resolver los problemas, podría agravarlos. La ordenanza permitiría que cualquier edificio de la ciudad, tanto en el centro histórico como en los barrios residenciales, pueda destinarse íntegramente al uso turístico. Esta circunstancia, según AVITURGA, “incentivará a inversores y propietarios a transformar inmuebles actualmente dedicados al alquiler convencional en bloques exclusivos para turistas, tensionando aún más el mercado inmobiliario local”, situación que perjudicará especialmente a los inquilinos más vulnerables.
Los cálculos de la asociación apuntan a que aproximadamente el 80% de las viviendas turísticas actuales no cumplirían con los requisitos establecidos en la nueva ordenanza, “una de las más restrictivas de España”, aseguran. Mientras tanto, otras ciudades como Cádiz, San Sebastián, Bilbao o Toledo están aprobando normativas que respetan el principio básico de irretroactividad y adaptan sus planes urbanísticos a la realidad actual.
Otro punto controvertido es la prohibición de los usos mixtos, impidiendo que viviendas alquiladas a estudiantes durante el curso académico puedan destinarse a turistas en verano. Esta medida, según AVITURGA, “supone una restricción injustificada e incomprensible de la capacidad alojativa de la ciudad en temporada estival, limitando las posibilidades de que familias enteras visiten A Coruña”.
El problema de fondo, según la asociación, es que el Consistorio intenta evitar la modificación de una normativa urbanística obsoleta (el PXOM es de 2013 y el PEPRI de 2015) mediante una ordenanza que no se ajusta a la realidad de la ciudad y que fue elaborada sin considerar que las viviendas de uso turístico fueron reguladas por primera vez en 2017.
Desde AVITURGA confían en que el Ayuntamiento reconsidere su postura antes de la aprobación definitiva de la ordenanza y establezca un diálogo constructivo con los propietarios para encontrar soluciones que garanticen la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible del sector turístico en la ciudad.
