Santiago de Compostela, 9 de mayo de 2025- La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (AVITURGA) denuncia con absoluta indignación la campaña de persecución y acoso que el Concello de Santiago está ejecutando contra más de 600 familias compostelanas propietarias de viviendas de uso turístico, provocando ahora la expulsión de 134 viviendas del Registro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT).
Esta ofensiva, orquestada desde el gobierno municipal de Goretti Sanmartín, representa un ataque sin precedentes a los derechos adquiridos de cientos de vecinos que invirtieron sus ahorros y cumplieron escrupulosamente con todas las normativas vigentes cuando registraron sus viviendas. Mientras tanto, las medidas que Goretti Sanmartín y su equipo están adoptando en materia de turismo favorecen claramente la entrada en la ciudad de fondos buitre e inversores extranjeros, dejando en el desamparo a las familias santiaguesas.
Las políticas del BNG, apoyadas por sus cómplices de gobierno, están entregando el control del sector turístico —que supone más del 15% del PIB de Santiago— a manos de capital foráneo y extranjero. Es inadmisible que mientras se expulsa a pequeños propietarios locales del mercado, se allane el camino para que grandes corporaciones internacionales se apropien de un sector estratégico para la economía compostelana.
«Estamos ante una flagrante vulneración de derechos que roza la prevaricación. Goretti Sanmartín no duda en acosar a las familias santiaguesas que desde 2017 ofrecen sus VUT, correctamente registradas en el REAT de la Xunta, mientras facilita la entrada de grandes especuladores», declara la directiva de AVITURGA. «Es especialmente grave que la alcaldesa esté faltando al compromiso que adquirió con los propietarios antes de las elecciones, a quienes prometió expresamente mantener los usos preexistentes».
Goretti Sanmartín está ahogando económicamente a las familias ahorradoras santiaguesas para favorecer intereses empresariales ajenos a la ciudad, sin importarle las consecuencias devastadoras para la economía local.
Es intolerable que el Concello de Santiago, lejos de buscar soluciones consensuadas, haya optado por arruinar con sus decisiones el patrimonio de 600 familias compostelanas, obligándolas a defender sus derechos en los tribunales. Mientras tanto, la alcaldesa se defiende con recursos públicos, sin asumir ninguna responsabilidad personal por el daño causado. Desde AVITURGA consideran que los responsables políticos deberían responder de sus decisiones con su patrimonio personal cuando estas vulneran derechos adquiridos de los ciudadanos.
AVITURGA exige al Concello que rectifique inmediatamente esta política discriminatoria y advierte que emprenderá todas las acciones legales necesarias, incluidas posibles reclamaciones patrimoniales contra los responsables políticos que están promoviendo estas medidas abusivas. Los afectados estudiarán presentar denuncias individuales en los juzgados contra el Concello por los daños económicos y morales causados. «La alcaldesa tendrá que responder ante los tribunales por este atropello. No permitiremos que 600 familias compostelanas sean sacrificadas en favor de los intereses de fondos extranjeros, a los que defiende el actual gobierno municipal», concluye la presidenta de la asociación .
