Aviturga expresa su firme rechazo a la intención del Concello de O Grove de implantar una tasa turística en el verano de 2026. La asociación considera que esta medida nace de un diagnóstico equivocado y que, lejos de aportar soluciones, puede profundizar en la pérdida progresiva de visitantes que el municipio viene experimentando en los últimos años. Mientras otros destinos de su entorno, como Sanxenxo, avanzan hacia un modelo de crecimiento sostenible, equilibrado y con mayor estabilidad estacional, O Grove corre el riesgo de situarse en desventaja en un momento especialmente sensible para el sector.
Aviturga lamenta además que se utilicen comparaciones con Mallorca para justificar la medida. El volumen de visitantes, la presión turística y la estructura económica del archipiélago balear no guardan relación con la realidad gallega ni con la de un municipio que compite por su autenticidad, su tranquilidad y su calidad ambiental. Tomar como referencia un modelo tan alejado de la realidad local solo contribuye a distorsionar el debate y a generar confusión entre la ciudadanía y los profesionales del sector.
Aviturga recuerda también el precedente de Santiago de Compostela, primer municipio gallego en avanzar en la implantación de una tasa turística. Los efectos iniciales ya están generando inquietud entre los establecimientos hoteleros, que empiezan a valorar ampliar los meses de cierre anual ante la caída de pernoctaciones fuera de la temporada alta. Este escenario, lejos de mejorar la desestacionalización o incrementar el gasto medio por visitante, está provocando incertidumbre y retraimiento en la oferta, un aviso que O Grove no debería ignorar.
La asociación subraya que la tasa turística penaliza exclusivamente al visitante que pernocta, sin afectar al excursionista, que es precisamente quien ejerce mayor presión en determinados momentos del año. Además, no garantiza mejoras reales en los servicios ni sustituye la necesidad de una planificación presupuestaria estable y coherente. El sector lleva años reclamando ordenación, movilidad, infraestructuras y una gestión eficaz del espacio público, no nuevos impuestos que pueden comprometer la competitividad del destino.
