La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) hace un llamamiento a todos los propietarios de la comunidad que abonaron tasas para tramitar el Número de Registro Único de Alquileres (NRUA) a que reclamen formalmente al Colegio de Registradores la devolución de los importes pagados. La entidad considera que, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el Registro Único de arrendamientos de corta duración, “no existe base legal que justifique que los propietarios asuman un coste derivado de un procedimiento que nunca debió ponerse en marcha”.
El fallo del alto tribunal concluye que el Estado carecía de competencias para crear un registro nacional que se superponía a los sistemas autonómicos ya existentes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que el procedimiento impulsado por el Ministerio de Vivienda invadía competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia turística y generaba una duplicidad injustificada. “El Consejo de Estado ya había emitido en diciembre de 2024 un dictamen contundente alertando de todos los aspectos que el Supremo ha anulado: invasión competencial, duplicidad y un modelo que convertía a los registradores en una suerte de agencia fiscalizadora del Estado”, recuerdan desde Aviturga.
Pese a estas advertencias, el Gobierno continuó adelante con la implantación del NRUA, que entró en vigor de forma definitiva en julio del pasado año y obligaba a identificar y controlar tanto las viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales como los arrendamientos de temporada. A comienzos de 2026, el mecanismo TRIS de la Comisión Europea advirtió a España de que debía eliminar la duplicidad de registros antes del 20 de mayo, al cumplir ya las comunidades autónomas con la normativa europea. “Justo un día antes, el 19 de mayo, se publica la sentencia del Supremo que anula todo el Registro Único. Es una puesta en evidencia de un acoso que llevamos años sufriendo los propietarios”, afirma Aviturga.
La asociación recuerda que Galicia ya contaba con un registro plenamente operativo y adaptado a las plataformas, además de exigir desde 2020 el envío de información estadística de ocupación conforme a la Ley de Turismo de Galicia. Por ello, Aviturga considera que el NRUA, además de ilegal, era innecesario y suponía una intromisión injustificada en un ámbito ya regulado.
El perjuicio económico generado por este sistema ahora anulado es, según Aviturga, “grave y cuantificable”. Muchos propietarios no pudieron alquilar sus viviendas por no disponer del número estatal, mientras que otros asumieron gastos y tasas para obtener un código que hoy carece de validez. Los despachos de abogados ya preparan demandas por daños y perjuicios para quienes pagaron las tasas o perdieron ingresos durante meses de paralización forzosa.
Apuntan que el Colegio de Registradores llegó a exigir entre 6.000 y 9.000 euros por vivienda a propietarios que habían adquirido su inmueble sin hipoteca, al interpretar de forma extensiva la Ley Hipotecaria para vincularla al registro único. “Es un bochorno nacional que el Tribunal Supremo haya tenido que desmontar una estructura tan fiscalizadora. Demuestra que se estaba acosando al colectivo, tanto desde el Ministerio de Vivienda como desde el propio Colegio de Registradores, con campañas masivas y exigencias injustificadas”, denuncian.
Ante este escenario, Aviturga insta a todos los propietarios afectados en Galicia a iniciar cuanto antes los procedimientos de reclamación para recuperar las cantidades abonadas. La asociación considera que la sentencia del Supremo abre la puerta a exigir responsabilidades y a corregir un perjuicio económico que nunca debió producirse. “El sector necesita seguridad jurídica, respeto institucional y un marco regulatorio coherente. Lo que ha ocurrido con el NRUA es un ejemplo de lo que no debe volver a repetirse”, concluyen.
